La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ultima la orden de detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de exconsellers que no han acudido a declarar a pesar de estar citados como querellados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Se trata de Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comín y Lluís Puig.
La magistrada prevé que sean detenidos, a petición de la Fiscalía
y desoyendo a sus abogados, que pedían que pudiesen declarar por
videoconferencia desde Bruselas. Los letrados han remitido esa petición
por escrito y que ha sido rechazada al no existir ninguna razón que
justifique su ausencia.
La Fiscalía
se querelló contra todo el Govern, cesado por el Ejecutivo central el
pasado viernes, por delitos que considera como “gravísimos” y por lo que va a pedir medidas cautelares contra ellos. Se les acusa de haber declarado la independencia de Catalunya fuera de las vías legales.
Para ello, habrían utilizado al Parlament, a los Mossos d’Esquadra y a
la asociaciones independentistas como ANC y Òmnium para llevar a cabo
sus planes. La juez asumió la gravedad de los hechos de los que se les
investiga y por eso fijó para todos los exconsellers una fianza de 6,2
millones de euros, que deben pagar en el plazo de tres días si no
quieren que se les embargue los bienes.
