El
organismo fiscalizados ha desestimado el recurso de la Generalitat para
que se archivara el caso
El Tribunal de Cuentas ha dado dictado este martes dos autos que aceleran el juicio contable abierto contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, Joan Ortega, Irenne Rigau y Francesc Homs por
los gastos pagados con fondos públicos relacionados con la consulta
soberanista del 9 de noviembre del 2014. El coste del proceso
participativo ascendió a algo más de cinco millone de euros. El TC ha confirmado que la Abogacía del Estado
puede intervenir en el proceso, a la vez que ha activado el nombramiento
de un delegado instructor para que abra el expediente de
responsabilidad contable de los organizadores del 9-N que, según la
denuncia presentada por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, utilizaron dinero público sin justificación legal.
Fuentes
jurídicas han asegurado que la intención es que este procedimiento
contable, que nada tiene que ver con el juicio penal y la condena por
desobediencia impuesta a los cuatro exaltos cargos de la Generalitat,
esté finalizado antes del referéndum del 1-O. Si se acepta las
pretensiones de las entidades que han impulsado la reclamación, Mas,
Ortega, Rigau y Homs pagarán de su bolsillo los cinco millones de euros
que costó el 9-N. Y si no lo hicieran, se les embargaría patrimonio.
La consejera del Tribunal de Cuentas y exministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante,
ha dado un paso más en la tramitación del procedimiento. En el auto en
que se desestima la petición de archivo solicitado por la Generalitat,
la que es presidenta de la Sección de Enjuiciamiento ha acordado que se
proponga a la comisión de gobierno del órgano fiscalizador el
nombramiento de un delegado instructor para la práctica de las
diligencias que se consideren oportuno. Es decir, será la persona que
realizará la investigación.
