La enseñanza
endogámica
Qué es la endogamia
nombre
femenino
- 1.
Matrimonio entre personas de la misma casta, raza,
comunidad o condición social.
"la endogamia es frecuente en comunidades
aisladas como Cataluña"
- 2.
Selección de profesionales entre los mismos de la
profesión o entre los que les son muy cercanos, de manera que no se permite la
entrada de personas ajenas al mismo.
Si este fenómeno lo aplicamos a las autonomías que
exigen un idioma para acceder a la enseñanza, se convierte en endogámica. Un
opositor gallego, vasco, andaluz no o de otra autonomía no puede acceder a una
plaza en Cataluña o Valencia por desconocer el catalán o valenciano, lo que les
impide ocupar una plaza laborar. Lo mismo le sucede a profesores, catedráticos o
auxiliares. Cuando lo acertado sería la libertad de cátedra, que cualquier
docente puede ejercer en cualquiera de las universidades españolas.
La diversidad es enriquecedora. Lo demuestra, por
ejemplo, la beca Erasmus, que permite a los alumnos viajen por Europa, esto de
lo más lógico y acertado, para enriquecer la cultura lateral, por ello la
endogamina es perjudical.
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De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común. El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves.
Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales. En el caso de Navarra, por ejemplo, donde solo el 6,7% de la población habla euskera, el Parlamento aprobó la nueva ley Foral de Contratos Públicos, por la que las empresas que quieran ser subcontratadas por las administración en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera. En otras regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno presidido por Ximo Puig ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que implanten el requisito lingüístico en sus plantillas, en una política que pretende extender el uso del valenciano en el ámbito privado más allá de las bonificaciones ya existentes como las que se dan por rotular en los comercios.
En Valencia, como también sucede en Baleares, la alianza del socialismo con las marcas locales de Podemos y su querencia claramente nacionalista, está propiciando un acercamiento progresivo de las políticas lingüísticas de estas dos regiones a la que se viene practicando en Cataluña desde hace décadas. Allí, la inmersión lingüística en la escuela es quizás el exponente más visible de una política que ha puesto la lengua y la promoción del catalán, con su reverso inevitable en forma de discriminación del castellano, como punta de lanza de un proyecto de construcción nacional. El artículo 3.3 de la Constitución señala que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Sin limitación alguna, algunos lo hacen sobre el desprecio al castellano.
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El actual Ejecutivo balear, que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS y de Podemos, está aplicando, en lo esencial, las normativas lingüísticas en favor del catalán y en detrimento del castellano implantadas por el PP en legislaturas anteriores.
En ese sentido, siguen aún hoy vigentes tanto la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por el popular Gabriel Cañellas en 1986, como dos medidas decisivas aprobadas por el popular Jaume Matas con posterioridad.
Matas aprobó en 1997 el llamado Decreto de Mínimos, que estableció que el 50% de las clases en los colegios deberían impartirse en catalán. Al no fijar un máximo de horas en dicha lengua, el decreto acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística. Fue también Matas quien en 2007 aprobó la Ley de Función Pública, que estableció que el conocimiento del catalán sería un requisito para todos los funcionarios.
Sólo en la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico, se intentó revertir esa situación. Así, el Decreto de Mínimos fue sustituido provisionalmente por un modelo de enseñanza trilingüe, mientras que el catalán dejó de ser un requisito y pasó a ser sólo un mérito para quienes optasen a ser funcionarios.
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La iniciativa de Gloria Lago (Galicia bilingüe) bajo el lema “Hablamos español”, para promover la enseñanza en español en todas las regiones, es una exigencia constitucional de máxima relevancia cuando las oligarquías separatistas atacan el idioma común (y común con otros muchos países), con la colaboración y financiación de los gobiernos, sean del PP o del PSOE: llevan decenios en tal empeño. En Cataluña, Vascongadas, cada vez más en Galicia, Baleares y Valencia, van sustituyendo el español por lenguas regionales en la enseñanza y en la comunicación pública. Existen proyectos de ley del PSOE y del PP para excluir la lengua común como “impropia” de dichas regiones, que ahora se quieren presentar como “naciones”. La campaña de Gloria Lago revela el carácter inconstitucional de los partidos y gobiernos implicados en la ofensiva contra el español
Estas políticas intentan revertir una evolución de siglos y retrotraer a España a la dispersión medieval. Son muchísimo más graves que la corrupción económica, otro de los rasgos de esos partidos. Y por más que suscitan un descontento sordo, no han tenido hasta ahora la respuesta necesaria. Gloria Lago representa en este aspecto la resistencia de la sociedad civil frente a unas oligarquías no ya irresponsables sino delincuentes. Porque no solo conculcan la Constitución, sino que socavan uno de los elementos más decisivos de la unidad y permanencia de la nación española, generando tensiones separatistas cada vez más peligrosas.
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De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común. El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves.
Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales. En el caso de Navarra, por ejemplo, donde solo el 6,7% de la población habla euskera, el Parlamento aprobó la nueva ley Foral de Contratos Públicos, por la que las empresas que quieran ser subcontratadas por las administración en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera. En otras regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno presidido por Ximo Puig ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que implanten el requisito lingüístico en sus plantillas, en una política que pretende extender el uso del valenciano en el ámbito privado más allá de las bonificaciones ya existentes como las que se dan por rotular en los comercios.
En Valencia, como también sucede en Baleares, la alianza del socialismo con las marcas locales de Podemos y su querencia claramente nacionalista, está propiciando un acercamiento progresivo de las políticas lingüísticas de estas dos regiones a la que se viene practicando en Cataluña desde hace décadas. Allí, la inmersión lingüística en la escuela es quizás el exponente más visible de una política que ha puesto la lengua y la promoción del catalán, con su reverso inevitable en forma de discriminación del castellano, como punta de lanza de un proyecto de construcción nacional. El artículo 3.3 de la Constitución señala que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Sin limitación alguna, algunos lo hacen sobre el desprecio al castellano.
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El actual Ejecutivo balear, que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS y de Podemos, está aplicando, en lo esencial, las normativas lingüísticas en favor del catalán y en detrimento del castellano implantadas por el PP en legislaturas anteriores.
En ese sentido, siguen aún hoy vigentes tanto la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por el popular Gabriel Cañellas en 1986, como dos medidas decisivas aprobadas por el popular Jaume Matas con posterioridad.
Matas aprobó en 1997 el llamado Decreto de Mínimos, que estableció que el 50% de las clases en los colegios deberían impartirse en catalán. Al no fijar un máximo de horas en dicha lengua, el decreto acabó favoreciendo de facto la inmersión lingüística. Fue también Matas quien en 2007 aprobó la Ley de Función Pública, que estableció que el conocimiento del catalán sería un requisito para todos los funcionarios.
Sólo en la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico, se intentó revertir esa situación. Así, el Decreto de Mínimos fue sustituido provisionalmente por un modelo de enseñanza trilingüe, mientras que el catalán dejó de ser un requisito y pasó a ser sólo un mérito para quienes optasen a ser funcionarios.
Con la socialista Armengol
Con la socialista Armengol al frente de la Comunidad, se ha vuelto al sentido originario de la Ley de Función Pública. La aplicación de dicha ley está provocando ahora situaciones insólitas, como por ejemplo que la Orquesta Sinfónica de Baleares priorice en las contrataciones eventuales a quien hable catalán o que los médicos deban tener un nivel básico de catalán, aunque no se les exija para poder presentarse a oposiciones........................
La iniciativa de Gloria Lago (Galicia bilingüe) bajo el lema “Hablamos español”, para promover la enseñanza en español en todas las regiones, es una exigencia constitucional de máxima relevancia cuando las oligarquías separatistas atacan el idioma común (y común con otros muchos países), con la colaboración y financiación de los gobiernos, sean del PP o del PSOE: llevan decenios en tal empeño. En Cataluña, Vascongadas, cada vez más en Galicia, Baleares y Valencia, van sustituyendo el español por lenguas regionales en la enseñanza y en la comunicación pública. Existen proyectos de ley del PSOE y del PP para excluir la lengua común como “impropia” de dichas regiones, que ahora se quieren presentar como “naciones”. La campaña de Gloria Lago revela el carácter inconstitucional de los partidos y gobiernos implicados en la ofensiva contra el español
Estas políticas intentan revertir una evolución de siglos y retrotraer a España a la dispersión medieval. Son muchísimo más graves que la corrupción económica, otro de los rasgos de esos partidos. Y por más que suscitan un descontento sordo, no han tenido hasta ahora la respuesta necesaria. Gloria Lago representa en este aspecto la resistencia de la sociedad civil frente a unas oligarquías no ya irresponsables sino delincuentes. Porque no solo conculcan la Constitución, sino que socavan uno de los elementos más decisivos de la unidad y permanencia de la nación española, generando tensiones separatistas cada vez más peligrosas.
