Qué pasaría si los independentistas ganaran las elecciones del 21 D

(Recopilacion de varias opiniones de politólogos y periodistas de diferentes medios digitales)

Cuando Mariano Rajoy anunció la aplicación del art 155 (sin otro margen para maniobrar) y la elecciones autonómicas para el 21 D, una gran mayoría pensamos que los catalanes inclinarían la balanza hacia los partidos constitucionalistas, aunque parece ser que la agravio y la humillación, pueden más que la sensatez, y se piensa en algunos sectores de encuentas que ganarán por mayoría los independentistas, con lo que llevarían a Cataluña a un bucle de ciclón de hundimiento de la economía, aún más de lo que ya estás después de que hoy en día 2.000 empresas han cambiado sus sedes, y algunas no volverán más. La prosperidad va a entrar en un bache o vaguada gráfica de depresión.

Incluiso, la huida y desprestigio de Puidemont y sus mentiras (con grave perjudio a su consellers encarcelado), no están provocando desgaste en quienes están afilando papeletas para introducirlas en urnas de verdad, de las que valen.

Que todo el mundo se tranquilice. Gane quien gane las elecciones, nada tiene que pasar en este capítulo. Las elecciones no pueden servir ni servirán de referéndum sobre la república catalana, ni siquiera si se pretendiera contabilizar los votos a favor de la república. Serán unas elecciones autonómicas. Pero, la posible victoria de los partidos independentistas el 21-D no les da derecho a saltarse la Constitución. Podrán gobernar y, desde la legalidad, promover la proclamación de la República impulsando la modificación de la Carta Magna. Pero nada más.

No habrá que elegir entre dos únicas opciones, como si fuera entre sí y no, porque no habrá dos únicas opciones, como a algunos les gustaría. Al margen de lo que hagan los tribunales, la salida al conflicto deberá ser, ahora sí, a partir de las cuentas de votos que den las urnas y del diálogo político que se deduzca. Y aquí sí que se la juega Rajoy, que es quien las ha convocado, por cierto, sin mucha comprensión dentro de su partido.

Llevar la independencia en el programa electoral es legítimo pero no lo es pretender aplicar el programa a toda costa, incluida la utilización de medios ilegales. Sólo se volvería a aplicar si la mayoría independentista quisiera otra vez prescindir de la legislación constitucional española y declarar la independencia, fuera inmediatamente o fuera en un plazo más lejano de la legislatura.

A primera vista, hay que decir que es difícil volver a repetir la historia. La aplicación que ya se ha hecho del 155, concebido como una herramienta de disolución de un gobierno y de un parlamento que se han situado fuera de la ley, permite pensar que se puede volver a aplicar cuantas veces sea necesario si se dan unas circunstancias similares. Parece bastante claro que esta experiencia ha introducido ya una mutación en el Estado autonómico, de forma que la falta de lealtad federal, cuando llega a un grado tan notable como es la abolición de la vigencia de la Constitución -que tal ha sido el caso de las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento los días 6 y 7 y septiembre- puede ser castigada inmediatamente con el uso del 155 para enviar el gobierno y el parlamento a su casa y convocar nuevas elecciones.

Con su fuga a Bruselas, el expresident también se ha convertido en un factor desestabilizador para partidos e instituciones, incluso internacionales. El político, que siempre aseguró que se retiraría tras esta legislatura, quiere volver a presentarse a las elecciones, hacerlo desde su autoproclamado exilio y utilizar todas las herramientas para frenar la acción de la justicia.

Y es importante hacerlo porque el independentismo las ha situado en el mismo plano, como si Mariano Rajoy tuviera la capacidad de decidir lo que han de hacer los jueces de la Audiencia y del Supremo. No sólo el independentismo, también Podemos se ha situado en ese mismo nivel de estulticia  al considerar a los detenidos como “presos políticos”. No se juzgan ideas, perfectamente legítimas, sino el reiterado incumplimiento de la ley de los encausados.
La dificultad para entenderse con los independentistas no proviene sólo de que sus tesis contravienen la legalidad, sino de que no conciben un Estado en el que funciona la separación de poderes. Lo vimos claramente en la rueda de prensa de Puigdemont el pasado martes en Bruselas cuando reclamó garantías al gobierno sobre “un juicio justo”.

La eventual victoria de los partidos independentistas en las elecciones autonómicas del 21-D no les da derecho a vulnerar la Constitución.
El independentismo, noqueado tras la aplicación del 155, encuentra ahora una causa potente a la que agarrarse para movilizar a los ciudadanos contra el gobierno. Lo que se pone en marcha, a partir de ahora, es un auténtico pulso en el que se va a comprobar no sólo la fuerza de las organizaciones de masas (ANC y Òmnium), sino su disposición a mantener el movimiento en los cauces del pacifismo.
A pocas semanas de las elecciones, ERC, el PDCat y la CUP disponen de un argumento contundente para mantener la mayoría en el Parlament. “Madrid ya no sólo rechaza de plano la independencia, sino que suprime las instituciones de la autonomía catalana y detiene a sus legítimos gobernantes”: ya tienen hecha la campaña.

Ciudadanos, el PSC y el PP van a tener que aplicarse a fondo en la pedagogía. Casi la mitad de la población en Cataluña va a estar dispuesta a tragarse esa papilla argumental, aunque los promotores de la DUI le hayan engañado, hayan provocado una enorme fractura social y, además, la salida de más de 2.000 empresas.
La labor tiene que comenzar por algo tan sencillo como explicar para qué sirven unas elecciones autonómicas. El independentismo ha planteado el 21-D claramente como un plebiscito sobre la independencia y la aplicación del 155. Es decir, como una oportunidad para lograr la república por otros medios.

Cuando Puigdemont retó en Bruselas a Rajoy a aceptar el resultado de las elecciones se estaba refiriendo justo a eso. Si ganan los independentistas, ya no habrá duda de que la mayoría quiere la independencia y al Estado no le quedará más remedio que aceptarla.
Pero, la posible victoria de los partidos independentistas el 21-D no les da derecho a saltarse la Constitución. Podrán gobernar y, desde la legalidad, promover la proclamación de la República impulsando la modificación de la Carta Magna. Pero nada más.

La aplicación del 155 concluye, en efecto, el 21 de diciembre, pero si el gobierno de la Generalitat repite la jugada, el gobierno estará obligado a defender la unidad de España y la Constitución. No le quedará otra opción.

En definitiva: el bloque constitucionalista sigue vigente y con la mirada puesta en el 21 de diciembre. No debe ocultarse que en todo este planteamiento anímico y político se da un sentimiento de cierta displicencia. Más aún al observar que la respuesta mediática internacional a los encarcelamientos no ha sido aguda, quizás amortiguada por la recepción hostil y caricaturizada a Carles Puigdemont en Bruselas. Tampoco en la Moncloa se han registrado alertas de la Unión Europea, que contempla este conflicto con expectación, preocupación y una cierta ansiedad, pero sin cuestionar al Estado español y su legitimidad.

En definitiva: el bloque constitucionalista sigue vigente y con la mirada puesta en el 21 de diciembre. No debe ocultarse que en todo este planteamiento anímico y político se da un sentimiento de cierta displicencia. Más aún al observar que la respuesta mediática internacional a los encarcelamientos no ha sido aguda, quizás amortiguada por la recepción hostil y caricaturizada a Carles Puigdemont en Bruselas. Tampoco en la Moncloa se han registrado alertas de la Unión Europea, que contempla este conflicto con expectación, preocupación y una cierta ansiedad, pero sin cuestionar al Estado español y su legitimidad.

CONCLUSIÓN :

Pienso a esta altura del mes del 5 de noviembre, que para el 21 D los caltalanes, tendrán las ideas más claras, votarán lo que más les covenga.

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La fuga de empresas en Cataluña continuó en noviembre, pues el jueves, primer día laboral del mes, cambiaron su sede social otras 84 compañías. Así, ya son 2.066 las empresas que se han trasladado fuera de Cataluña.
Según El País, octubre cerró con el abandono de 1.982 empresas. Entre las jornadas con más salidas se encuentran el 27 de octubre, cuando se celebró la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y se mudaron 140 empresas de golpe; el 19 de octubre, cuando el depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclaró que la DUI continuaba suspendida y el gobierno avanzaba con la aplicación del artículo 155 de la Constitución (se marcharon 268 compañías); y el día 9, cuando se fueron 212 debido al pleno que se celebró sobre la independencia.
El Gobierno facilitó el proceso para realizar el cambio de sede de las compañías aprobando un real decreto ley de medidas urgentes por el que éstas pueden realizar un traslado de su sede social de forma exprés sin tener que someterlo al voto de los accionistas.
Entre las compañías que se han marchado se encuentran Gas Natural (a Madrid), Sabadell (a Alicante), CaixaBank (a Valencia), Abertis (a Madrid), Pastas Gallo (a Córdoba), Codorniu (a La Rioja), Grupo Planeta (a Madrid), Allianz Seguros (a Madrid), entre otras.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que espera que las empresas catalanas vuelvan, porque la aplicación de la legalidad “garantiza un entorno de tranquilidad y de normalidad”.
El ministro ha dicho que con la vuelta al marco constitucional y la convocatoria de elecciones autonómicas no hay ningún motivo para que las empresas dejen Cataluña, ni para la salida de depósitos ni para el boicot a los productos catalanes. @mundiario