El
caos que viene sufriendo el aeropuerto de El Prat como consecuencia de
la huelga que han protagonizado los vigilantes de seguridad de Eulen y
la incapacidad de la Generalitat para resolver este conflicto han
obligado al Gobierno a tomar cartas en el asunto para poner orden a una
situación que, por desgracia, amenazaba con desbocarse en pleno puente
de agosto, con todos los problemas e inconvenientes que ello supondría.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció ayer que el Ejecutivo
intensificará la presencia de la Guardia Civil en los filtros de
seguridad del aeropuerto con el fin de garantizar la seguridad y el
orden público de cara a la huelga indefinida que han convocado los
sindicatos a partir del próximo lunes, después de que los trabajadores
rechazaran el jueves el incremento salarial de 200 euros mensuales en
doce pagas que propuso la Generalitat. Asimismo, en caso de que la
empresa y los representantes sindicales no alcancen un acuerdo, se
establecerá un laudo arbitral de cumplimiento obligatorio para poner fin
a esta disputa laboral cuyos efectos paga la ciudadanía.
La intervención del Gobierno evidencia, en primer lugar, el ambiente de ineficacia administrativa y radicalidad política que impera en Cataluña, con los nacionalistas volcados desde 2012 en la persecución de una ilegal y ruinosa utopía independentista, en lugar de dedicarse a gestionar y atender las necesidades reales de la población, y un Ejecutivo regional que, por si fuera poco, depende de los designios de una organización extremista y antisistema como la CUP, lo cual da buena cuenta del negro futuro que le depararía a esa hipotética Cataluña independiente. Al fracaso de la Generalitat en su intento de mediación se suma la irresponsable y desleal actitud de los sindicatos, cuya estrategia ha consistido en hacer el mayor daño posible para lograr sus objetivos, aprovechándose de la indefensión de los viajeros y sin reparar lo más mínimo en los graves daños ocasionados a miles de personas en los últimos días.
El Gobierno estaba obligado a actuar para reconducir la situación de El Prat y proteger el interés general. La mayor presencia de la Guardia Civil contribuirá, sin duda, a reducir las largas colas que han sufrido los pasajeros, especialmente en estos días en los que el tráfico aéreo registra su máximo nivel en Barcelona como resultado del puente y las vacaciones de agosto. Además, este conflicto no solo crea retrasos y molestias a un gran número de personas, dificultando así su derecho básico a la libre circulación, sino que también supone un importante problema de seguridad y orden público en un momento muy delicado debido a la alerta antiterrorista. Y todo ello sin contar el gran perjuicio que genera a la imagen exterior de España como destino turístico, más aún cuando a este conflicto se le unen los ataques violentos de las juventudes independentistas contra los turistas.
«No tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que reforzar lo que otros no hacen», añade Martín Vázquez a Efe antes de concluir: «Mucho te quiero perrito, pero de comer, poquito». El presidente de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, ha reconocido a Efe que, si hay un problema de orden público, el Gobierno debe actuar y ha recordado que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y, de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen.
Ramírez Trejo ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el orden y en la conveniencia de separar este conflicto laboral de la situación política de Cataluña.
Ayer y antes de la decisión, ya se pronunció la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó que el Ministerio del Interior recurra a sus servicios "de nuevo" para "dar una solución" a los paros, que considera "un conflicto laboral de dos empresas privadas".
También reprochó que, a pesar de ser el cuerpo de seguridad del Estado «peor pagado» y «peor tratado», Interior les pida intervenir en un conflicto entre dos sociedades privadas, lo que previsiblemente les hará «sufrir las iras» de unos trabajadores que ven a los guardias civiles como «enemigos».
LA GUARDIA CIVIL NUNCA DEBIÓ SALIR DE CATALUÑA
La intervención del Gobierno evidencia, en primer lugar, el ambiente de ineficacia administrativa y radicalidad política que impera en Cataluña, con los nacionalistas volcados desde 2012 en la persecución de una ilegal y ruinosa utopía independentista, en lugar de dedicarse a gestionar y atender las necesidades reales de la población, y un Ejecutivo regional que, por si fuera poco, depende de los designios de una organización extremista y antisistema como la CUP, lo cual da buena cuenta del negro futuro que le depararía a esa hipotética Cataluña independiente. Al fracaso de la Generalitat en su intento de mediación se suma la irresponsable y desleal actitud de los sindicatos, cuya estrategia ha consistido en hacer el mayor daño posible para lograr sus objetivos, aprovechándose de la indefensión de los viajeros y sin reparar lo más mínimo en los graves daños ocasionados a miles de personas en los últimos días.
El Gobierno estaba obligado a actuar para reconducir la situación de El Prat y proteger el interés general. La mayor presencia de la Guardia Civil contribuirá, sin duda, a reducir las largas colas que han sufrido los pasajeros, especialmente en estos días en los que el tráfico aéreo registra su máximo nivel en Barcelona como resultado del puente y las vacaciones de agosto. Además, este conflicto no solo crea retrasos y molestias a un gran número de personas, dificultando así su derecho básico a la libre circulación, sino que también supone un importante problema de seguridad y orden público en un momento muy delicado debido a la alerta antiterrorista. Y todo ello sin contar el gran perjuicio que genera a la imagen exterior de España como destino turístico, más aún cuando a este conflicto se le unen los ataques violentos de las juventudes independentistas contra los turistas.
No tenemos plantilla suficiente»
Mientras, desde la Unión de Oficiales (UO), su portavoz, Jesús Martín Vázquez, pide al Gobierno que se acuerde de la Guardia Civil «no solo para cumplir con su obligación», porque llevan "muchísimo tiempo demandando la equiparación salarial y sigue sin llegar".«No tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que reforzar lo que otros no hacen», añade Martín Vázquez a Efe antes de concluir: «Mucho te quiero perrito, pero de comer, poquito». El presidente de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, ha reconocido a Efe que, si hay un problema de orden público, el Gobierno debe actuar y ha recordado que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y, de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen.
Ramírez Trejo ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el orden y en la conveniencia de separar este conflicto laboral de la situación política de Cataluña.
Ayer y antes de la decisión, ya se pronunció la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó que el Ministerio del Interior recurra a sus servicios "de nuevo" para "dar una solución" a los paros, que considera "un conflicto laboral de dos empresas privadas".
También reprochó que, a pesar de ser el cuerpo de seguridad del Estado «peor pagado» y «peor tratado», Interior les pida intervenir en un conflicto entre dos sociedades privadas, lo que previsiblemente les hará «sufrir las iras» de unos trabajadores que ven a los guardias civiles como «enemigos».
LA GUARDIA CIVIL NUNCA DEBIÓ SALIR DE CATALUÑA
