ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno a malo, o merece la pena leerlo.

miércoles, 19 de julio de 2017

Pena, penita pena me da Artur Mas con ser un irresponsable. Tribunal de cuentas

  El organismo fiscalizados ha desestimado el recurso de la Generalitat para que se archivara el caso
El Tribunal de Cuentas ha dado dictado este martes dos autos que aceleran el juicio contable abierto contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, Joan Ortega, Irenne Rigau y Francesc Homs por los gastos pagados con fondos públicos relacionados con la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. El coste del proceso participativo ascendió a algo más de cinco millone de euros. El TC  ha confirmado que la Abogacía del Estado puede intervenir en el proceso, a la vez que ha activado el nombramiento de un delegado instructor para que abra el expediente de responsabilidad contable de los organizadores del 9-N que, según la denuncia presentada por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, utilizaron dinero público sin justificación legal.

Fuentes jurídicas han asegurado que la intención es que este procedimiento contable, que nada tiene que ver con el juicio penal y la condena por desobediencia impuesta a los cuatro exaltos cargos de la Generalitat, esté finalizado antes del referéndum del 1-O. Si se acepta las pretensiones de las entidades que han impulsado la reclamación, Mas, Ortega, Rigau y Homs pagarán de su bolsillo los cinco millones de euros que costó el 9-N. Y si no lo hicieran, se les embargaría patrimonio.

La consejera del Tribunal de Cuentas y exministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante, ha dado un paso más en la tramitación del procedimiento. En el auto en que se desestima la petición de archivo solicitado por la Generalitat, la que es presidenta de la Sección de Enjuiciamiento ha acordado que se proponga a la comisión de gobierno del órgano fiscalizador el nombramiento de un delegado instructor para la práctica de las diligencias que se consideren oportuno. Es decir, será la persona que realizará la investigación.