ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Millones de catalanes no son independentistas, ni dentistas

El Diario

      La Policía mantiene operativo desde 2012 un grupo de agentes dedicados casi en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el objetivo de contrarrestar la ofensiva política que busca la independencia. Este grupo de policías usurpa las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y no está identificado en el organigrama del Cuerpo.
     El Ministerio del Interior niega su existencia, aunque sus integrantes se reparten en dos estructuras conocidas: la Unidad de Asuntos Internos, que debería ceñirse a investigar conductas delictivas de otros policías, y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, creada por Ignacio Cosidó al comienzo de la legislatura y de la que se desconocen el número de integrantes o sus funciones, más allá de una confusa definición genérica.
     Esta suerte de Policía política ha provocado durante meses rumores en el seno del Cuerpo, que no pasaban de ahí por el secretismo con el que se maneja el grupo.  Algunas informaciones en medios de comunicación se han referido a él, pero han sido desmentidas oficialmente desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Ahora, eldiario.es ha tenido acceso a una oferta interna de la Dirección de la Policía para cubrir una de las vacantes. Formalmente, se trata de una oferta para inspectores que quieran incorporarse a la Unidad de Asuntos Internos, pero las características que se reclaman en ella tienen que ver muy poco con las requeridas tradicionalmente para un agente de policía que investiga a policías.
     Según recoge el documento, se valorará “positivamente” en los inspectores aspirantes “tener conocimientos y/o experiencia” en la investigación de delitos relacionados con el “crimen organizado, delincuencia económica y fiscal, blanqueo de capitales, etc.”. A pesar de la lógica discreción con la que trabaja la Unidad de Asuntos Internos para no ser descubierta por los policías investigados, su participación en casos de entidad termina saliendo a la luz. Sucedió en el ‘caso Faisán’, en la investigación de un grupo de policías en la operación Emperador o, más recientemente, en el crimen de Cala Cortina, por el que seis agentes han sido detenidos en Cartagena, acusados de matar a golpes a un hombre. En ninguno de estos casos se investigó un blanqueo de capitales, ni los hechos se aproximan siquiera a la delincuencia económica, según se define esta judicialmente.

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La historia nos dice que Cataluña, que pertenecía al Reino de Aragón, se unió al Reino de Castilla por al matromonio de los Reyes Católicos. Y así debe permancer. La historia no de peude cambiar a caprischo de los intereses nacionalistas.

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CON LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO DE DERECHO.



No es posible obviar un hecho como el desafío de las autoridades catalanas al ordenamiento constitucional español, cuya gravedad resulta incuestionable. La convocatoria de una consulta para propiciar la independencia de Cataluña constituye, por parte de la Generalitat y de su Presidente, una evidente ruptura de la lealtad constitucional que corresponde a los titulares de todas las instituciones públicas.
Las pretensiones independentistas, como cualquier otro programa político que no atente a la dignidad del ser humano, son perfectamente legítimas y pueden propugnarse en el marco de una sociedad democrática. Lo que no resulta admisible es que autoridades públicas, expresamente sometidas a la legalidad constitucional, propicien vías o procesos independentistas vulnerando dicha legalidad, pues ésta constituye la garantía esencial de la convivencia de todos los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña.
La democracia es inseparable del respeto de las normas, y la Constitución Española es, precisamente, la garante de los principios democráticos en nuestro Estado. Carece, por ello, de todo sentido el contraponer un inexistente “derecho a decidir” a las exigencias que establece nuestra Constitución para modificar un contenido tan relevante como la unidad de España. Esta opción solo cabe a través de una reforma constitucional, por el procedimiento expresamente establecido, y con la ratificación en referéndum por parte de todos los españoles.
No existe el derecho de secesión en los Estados democráticos ni éste puede ser reclamado bajo un engañoso “derecho a decidir” –la Constitución española vincula por igual a los catalanes que al resto de los españoles, es la norma que garantiza la autonomía de Cataluña y ampara los derechos fundamentales de sus ciudadanos-, y la democracia española tiene mecanismos suficientes para asegurar el respeto al orden constitucional, incluido el uso legítimo de la fuerza.
Hay que confiar en el civismo democrático de los ciudadanos catalanes para que dejen de secundar consignas impropias de quienes viven bajo el gobierno y el amparo de las leyes. Pero igualmente hay que respaldar a las instituciones del Estado en su defensa de la legalidad constitucional, pues su respeto es la condición esencial para la convivencia democrática de todos los españoles.